Las Fuerzas Armadas de Ecuador intensificaron los controles sobre el armamento de las compañías de seguridad privada tras detectar riesgos de desvío hacia estructuras criminales. Hasta mediados de abril de 2026, las autoridades militares han inspeccionado 663 de las 1.130 empresas registradas en el país, utilizando una nueva aplicación digital vinculada al sistema SincoAr. Esta herramienta permite verificar en tiempo real, mediante códigos QR o series manuales, la legalidad de pistolas, revólveres y escopetas.
La ofensiva militar se produce tras casos críticos, como el allanamiento a una compañía en Guayaquil vinculada a un cabecilla de la banda «Los Lagartos», donde se hallaron armas con series alteradas. Actualmente, las inspecciones identifican tres niveles de irregularidades: desde faltas administrativas leves hasta indicios de delitos penales que activan la intervención de la Fiscalía y el decomiso total del arsenal.
El refuerzo de la fiscalización coincide con un auge en las importaciones de armas, que sumaron $10,6 millones entre 2023 y enero de 2026. Sin embargo, ante las alertas de dispersión de armamento legal a circuitos ilícitos, el Gobierno suspendió en marzo las nuevas importaciones hasta nueva orden. Solo en Guayas, el Centro de Control de Armas custodia 1.200 armas incautadas y gestiona la regularización de otras 1.500 que forman parte del último stock disponible en el mercado.
