El Consejo de la Judicatura resolvió suprimir las dependencias judiciales especializadas en el juzgamiento de delitos de corrupción y crimen organizado, como parte de la reestructuración de la Función Judicial.
Según la Judicatura, la decisión responde a un desequilibrio en la carga de trabajo. Mientras el Tribunal Anticorrupción registró 234 expedientes para nueve magistrados en los últimos 12 meses, otras unidades penales superaron su capacidad operativa.
Con la medida, las competencias serán redistribuidas entre distintas unidades judiciales. El número de jueces habilitados para conocer casos de corrupción y crimen organizado pasará de 19 a más de 50 a escala nacional.
La Judicatura aclaró que los procesos que ya tienen audiencias instaladas o suspendidas continuarán bajo responsabilidad de los jueces que actualmente los conocen. La institución sostiene que la reestructuración busca agilizar los procesos, equilibrar la carga laboral y fortalecer la transparencia judicial.
