El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, impulsa una reforma que ampliaría el mandato presidencial de seis a siete años y establecería nuevas restricciones para impedir la participación de sectores opositores en futuros procesos electorales. La iniciativa es tramitada por la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo.
La propuesta contempla cambios a la legislación electoral para excluir de las elecciones a quienes el régimen califique como «golpistas» o «vendepatrias». Organismos internacionales y defensores de los derechos humanos han advertido que estas medidas profundizan el deterioro de la democracia en el país.
La reforma forma parte de una serie de cambios promovidos por Ortega y la copresidenta Rosario Murillo para consolidar el control sobre las instituciones del Estado. Diversos analistas consideran que las modificaciones reducen aún más el espacio para la participación política y la competencia electoral.
La iniciativa ha generado rechazo de gobiernos y organismos internacionales, que han expresado su preocupación por el futuro democrático de Nicaragua y han pedido garantizar el respeto a los derechos políticos y a la celebración de elecciones libres y competitivas.
