El Consejo de la Judicatura y el Ministerio del Interior suscribieron un convenio para reforzar la seguridad de jueces, fiscales y servidores judiciales que enfrentan amenazas derivadas de su trabajo. La medida contempla el despliegue de 200 policías especializados para brindar protección a los operadores de justicia.
El presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, señaló que este plan busca garantizar que los funcionarios judiciales puedan ejercer sus labores sin presiones ni intimidaciones, en medio del incremento de riesgos asociados al crimen organizado.
Por su parte, el ministro del Interior, John Reimberg, indicó que la Policía Nacional trabajará de manera coordinada con el sistema judicial para evaluar los niveles de riesgo y asignar medidas de seguridad de acuerdo con cada caso.
Las autoridades sostienen que este acuerdo forma parte de las acciones para fortalecer la institucionalidad y proteger a quienes participan en la administración de justicia, especialmente en procesos relacionados con delincuencia organizada y otros delitos de alto impacto.
