La Asamblea Nacional aprobó, con el respaldo unánime de 139 legisladores, la nueva Ley Orgánica de Extradición, una normativa que busca agilizar los procesos para la entrega de personas requeridas por la justicia de otros países y fortalecer la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado.
La ley redefine el papel del Ejecutivo dentro del proceso de extradición, establece procedimientos más claros y actualiza una normativa que estuvo vigente desde el año 2000. Además, incorpora nuevas reglas para la extradición activa y pasiva, respetando las garantías del debido proceso y los derechos humanos.
Entre los cambios más relevantes, la normativa establece que los ciudadanos ecuatorianos no podrán ser extraditados por delitos presuntamente cometidos antes del 9 de mayo de 2024, fecha en la que entró en vigencia la reforma constitucional aprobada mediante consulta popular que permitió la extradición de nacionales.
La nueva ley deberá pasar ahora al Ejecutivo para su sanción u objeción antes de su entrada en vigencia. Con esta normativa, el Estado busca contar con un marco legal más moderno para enfrentar delitos como el narcotráfico, el lavado de activos y otras formas de crimen organizado transnacional.
