El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, descartó que el Municipio permita duplicar la tarifa del transporte urbano, pese a los pedidos planteados por dirigentes del sector. El pronunciamiento se dio este 11 de mayo de 2026, pocos días después del acuerdo alcanzado con los transportistas para restablecer los horarios normales de circulación en la capital.
Muñoz confirmó que las mesas técnicas entre el Municipio y los representantes del transporte urbano arrancarán el miércoles 13 de mayo. Según explicó, estos espacios servirán para analizar la situación financiera y operativa del sector, aunque dejó claro que un incremento elevado en el costo del pasaje no sería viable debido a la situación económica que enfrenta la ciudadanía.
El alcalde reconoció que los transportistas tienen argumentos relacionados con el aumento de sus costos operativos, especialmente tras la eliminación del subsidio al diésel. Recordó que el combustible pasó de costar USD 1,20 a USD 2,96, lo que impacta directamente en la sostenibilidad del servicio. Sin embargo, insistió en que cualquier solución debe considerar también la capacidad de pago de los usuarios.
Actualmente, la tarifa del transporte urbano en Quito se mantiene en USD 0,35, mientras que el pasaje del Metro cuesta USD 0,45. Los transportistas sostienen que la denominada tarifa técnica debería ubicarse en USD 0,65. Frente a ello, Muñoz enfatizó que el debate no debe limitarse únicamente al precio del pasaje, sino enfocarse en una transformación integral del sistema de movilidad de la ciudad.
El burgomaestre también destacó los avances impulsados por el Municipio, como la modernización del transporte público, la implementación del Sistema Integrado de Recaudo, la incorporación de buses eléctricos al Trolebús y el funcionamiento del Metro de Quito. Además, instó a las operadoras a apostar por la movilidad eléctrica, señalando que, aunque la inversión inicial es mayor, los costos de mantenimiento y operación son considerablemente más bajos. Mientras continúan las conversaciones, el Municipio mantiene abiertos procesos sancionatorios contra 57 operadoras por la reducción de frecuencias registrada el pasado 5 de mayo.
