Lionel Cox, un jubilado australiano de 92 años que vivía sin familiares cercanos, falleció en 2015 tras ingresar a la residencia para mayores Cambridge House en Collingwood. En sus últimos días de vida, Cox redactó un testamento en el que legaba su patrimonio, valorado en 930.000 euros, a Abha Anuradha Kumar, una enfermera del centro que lo atendió durante 24 días. La redacción del testamento fue realizada con un kit de autoconsulta y firmado en presencia de dos colegas de Kumar. Tras su fallecimiento, Kumar gestionó la venta de la vivienda de Cox y obtuvo la totalidad de la herencia.
Sin embargo, la familia de Cox impugnó el testamento, argumentando que el anciano no estaba en condiciones de tomar decisiones patrimoniales y que el testamento fue redactado en circunstancias sospechosas. En 2021, el Tribunal Supremo de Australia falló a favor de la familia y ordenó a Kumar devolver aproximadamente 510.000 euros, el remanente de la herencia que aún no había sido gastado. Además, en 2019, el Consejo de Enfermería y Obstetricia de Australia le retiró la licencia profesional a Kumar por su implicación en los asuntos personales de Cox.
Este caso ha generado un debate sobre la vulnerabilidad de los ancianos sin apoyo familiar y la necesidad de proteger sus derechos en entornos residenciales. El abogado de la familia destacó que situaciones como esta subrayan la importancia de garantizar que las decisiones patrimoniales reflejen la verdadera voluntad de los individuos, especialmente en contextos de dependencia.
