La Ley Orgánica de Extradición entró en vigencia este viernes 7 de agosto, luego de su publicación en el Quinto Suplemento del Registro Oficial. La normativa reemplaza a la legislación que regulaba estos procesos desde el año 2000 y establece nuevas reglas, competencias y procedimientos para la extradición activa y pasiva.
La Asamblea Nacional aprobó el proyecto el pasado 7 de julio con 139 votos a favor y, posteriormente, el presidente Daniel Noboa sancionó la norma el 6 de agosto. La nueva ley mantiene a la Presidencia de la Corte Nacional de Justicia como autoridad central de Ecuador en materia de extradiciones.
Entre los principales cambios se establecen nuevos plazos para los procesos. Cuando una persona sea detenida a partir de una notificación roja de Interpol, el Estado que solicita la extradición tendrá un máximo de 60 días para presentar formalmente el pedido. Una vez autorizada la entrega, tendrá otros 30 días para concretar el traslado.
La normativa también regula la extradición de ciudadanos ecuatorianos y determina que no procederán solicitudes por hechos imputados anteriores al 9 de mayo de 2024, fecha vinculada con la entrada en vigor de la reforma constitucional que permitió extraditar a ecuatorianos. Con esta ley, Ecuador busca fortalecer la cooperación penal internacional y actualizar los procedimientos de extradición.
