El ministro del Interior, John Reimberg, anunció cambios estructurales en el sistema de vigilancia electrónica para personas con medidas cautelares. La principal modificación establece que los procesados que accedan a este beneficio deberán asumir el costo del dispositivo para evitar la prisión preventiva.
Reimberg fue enfático al señalar que el Estado no debe financiar los implementos de quienes enfrentan procesos judiciales. Bajo esta nueva política, si un ciudadano no cuenta con los recursos para pagar el equipo, deberá permanecer bajo custodia penitenciaria ordinaria mientras se resuelve su situación legal.
Para modernizar el sistema, el Gobierno prevé la importación de 5.000 nuevos dispositivos de alta tecnología en las próximas semanas. Estos equipos prometen mayor seguridad, son difíciles de vulnerar y eliminan la necesidad de retirarlos para su carga, superando las limitaciones técnicas de las unidades actuales.
Esta renovación surge tras reportes de fallas recurrentes en el monitoreo de figuras públicas, como el caso del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez. Con la llegada de los nuevos grilletes, las autoridades esperan reducir drásticamente las alertas falsas por pérdida de conexión o batería baja que afectan el control del SNAI.
