La Fiscalía de Bolivia ordenó la captura del expresidente Evo Morales, a quien investiga por su presunta participación en las protestas y bloqueos de carreteras registrados entre mayo y junio de este año. El exmandatario es acusado de delitos como terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, además de otros cargos relacionados con las movilizaciones.
Según la investigación, las protestas se extendieron durante siete semanas y buscaban exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Los bloqueos afectaron principalmente al occidente y centro del país, provocando graves problemas de abastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en varias ciudades.
Las autoridades bolivianas informaron que los bloqueos dejaron al menos 16 personas fallecidas, de las cuales 13 habrían perdido la vida por la falta de atención médica oportuna debido al cierre de las carreteras. Además, el Gobierno estima que las pérdidas económicas superaron los 3.000 millones de dólares.
La orden de captura también alcanza a otros dirigentes vinculados a las protestas, entre ellos el líder de la Central Obrera Boliviana y un dirigente campesino de La Paz, quien permanece en prisión preventiva mientras avanzan las investigaciones.
Por su parte, Evo Morales rechazó las acusaciones y aseguró que nunca promovió la renuncia del presidente. El exmandatario sostiene que las movilizaciones buscaban que el Gobierno atendiera las demandas de los sectores sociales que participaron en las protestas.
Morales permanece desde octubre de 2024 en el Trópico de Cochabamba, donde es resguardado por sus seguidores. Además de este proceso, enfrenta otra orden de captura por un caso de presunta trata agravada de personas, relacionado con una investigación por hechos ocurridos durante su mandato, causa por la que ya fue declarado en rebeldía por un tribunal boliviano.
