El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) de Ecuador está evaluando posibles cambios al reglamento de selección del Fiscal General, en respuesta a las críticas recibidas sobre la falta de transparencia en el proceso. Esta revisión se produce a menos de un año del fin del mandato de la actual Fiscal General, Diana Salazar, quien concluirá sus funciones el 8 de abril de 2025.
Abogados en libre ejercicio han propuesto que se requiera a los aspirantes a la Fiscalía que transparenten sus cuentas bancarias y patrimonio. Esta medida busca prevenir infiltraciones y garantizar la integridad de quienes asuman el cargo. Los gremios jurídicos argumentan que el reglamento actual presenta «vacíos, falencias y contradicciones» que podrían comprometer la legitimidad del proceso de selección.
El presidente del CPCCS, Andrés Fantoni Baldeón, ha abierto un espacio de diálogo con la Federación Nacional de Abogados del Ecuador (Fenade) para atender sus preocupaciones. Entre las propuestas discutidas se incluye la creación de una veeduría ciudadana que supervise el proceso de selección.
La posibilidad de modificar el reglamento se presenta tras la reciente revocación de una medida cautelar por parte de un juez de Montecristi, que había suspendido la vigencia de la normativa. Mientras tanto, el concurso público para elegir al sucesor de Salazar aún no ha comenzado.
La comunidad jurídica destaca la importancia de establecer criterios claros y justos para asegurar que el nuevo Fiscal General cuente con la formación y la probidad necesarias para desempeñar su función. La discusión sobre los requisitos de selección continúa, y se espera que el CPCCS tome decisiones que fortalezcan la confianza en el sistema de justicia del país.
