El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) elevó una acción urgente ante el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas por la desaparición del barco pesquero Fiorella, del cual no hay rastros desde el pasado 20 de enero de 2026. La organización exige que el Estado ecuatoriano establezca una cooperación inmediata con El Salvador y Estados Unidos para localizar a los tripulantes.
Los abogados de las familias, Fernando Bastidas y Juan Alvía, denunciaron la falta de operativos oficiales oportunos y criticaron que las autoridades marítimas hayan insinuado, sin pruebas, vínculos con actividades ilícitas. Según testimonios, antes de perder contacto, se observaron drones sobrevolando la nave y una columna de humo negro en el horizonte. La defensa sostiene que existen indicios de una posible intervención externa, por lo que solicitan que el caso sea investigado como desaparición forzada.
Este incidente se suma a un patrón alarmante en Manabí, donde en los últimos dos años se han reportado cuatro barcos desaparecidos o atacados en altamar. El CDH advirtió que la falta de respuestas agrava la situación de las familias, quienes incluso financiaron sus propias expediciones de búsqueda, encontrando únicamente artes de pesca.