El Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó y dio inicio al trámite del pedido de juicio político contra la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, relacionado con presuntas irregularidades en los contratos suscritos con la empresa Progen para la generación eléctrica.
La solicitud fue presentada por legisladores que cuestionan la actuación de la funcionaria en la gestión de los contratos emergentes destinados a enfrentar la crisis energética que atravesó el país. Los proponentes consideran que existen elementos suficientes para que la Asamblea Nacional fiscalice su actuación.
Con la calificación del pedido, el proceso pasa a la Comisión de Fiscalización, instancia encargada de recopilar pruebas, recibir comparecencias y elaborar un informe que determinará si recomienda o no continuar con el juicio político en el Pleno de la Asamblea.
Por su parte, Manzano ha defendido la legalidad de los procedimientos ejecutados durante su gestión y sostiene que las decisiones adoptadas respondieron a la necesidad de garantizar el suministro eléctrico en medio de la emergencia energética que enfrentaba Ecuador.
