La Asamblea Nacional aprobó este 23 de junio de 2026 el informe de fiscalización sobre la compra de 60 trolebuses eléctricos adquiridos por el Municipio de Quito. La decisión se dio tras varios meses de investigación legislativa sobre los procesos de contratación y gestión administrativa relacionados con la adquisición de las unidades destinadas al sistema de transporte público de la capital.
El informe concluye que el mecanismo utilizado para la compra, mediante un acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), habría desplazado procedimientos ordinarios de contratación pública. Según los legisladores, esto pudo afectar principios como la transparencia, la competencia entre proveedores y el control adecuado de los recursos estatales.
Durante el proceso de fiscalización también se analizaron observaciones realizadas por la Contraloría General del Estado. El organismo detectó presuntas irregularidades en distintas etapas de la contratación y señaló posibles perjuicios económicos, además de deficiencias técnicas en algunos de los trolebuses entregados.
Como resultado, la Asamblea recomendó que el Concejo Metropolitano de Quito continúe ejerciendo control sobre el proceso de adquisición y solicite explicaciones a las autoridades involucradas. Asimismo, el informe plantea que los organismos de control determinen si existen responsabilidades administrativas, civiles o penales derivadas de la operación.
La compra de los 60 trolebuses ha generado un amplio debate político en Quito debido a que el contrato supera los 34 millones de dólares y está vinculado a la modernización del sistema de transporte público. Con la aprobación del informe, el caso pasa a nuevas instancias de análisis y control, mientras las autoridades municipales sostienen que el proceso se realizó conforme a los objetivos de renovación de la flota de transporte de la ciudad.
