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Inmigrantes y defensores se preparan ante las posibles deportaciones masivas en el segundo mandato de Trump

Con el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, los inmigrantes y grupos que luchan por sus derechos se preparan para enfrentar posibles políticas de deportación masiva. Durante su campaña, Trump prometió una agresiva campaña contra la inmigración ilegal, con la prioridad de deportar a aquellos que hayan cometido delitos. Sin embargo, defensores de los inmigrantes temen que estas medidas se extiendan a comunidades enteras, afectando a personas que, aunque indocumentadas, llevan años residiendo en el país.

La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) han comenzado a movilizarse, recaudando fondos y organizando equipos de abogados para contrarrestar las posibles políticas más extremas. Además, grupos religiosos y organizaciones comunitarias en estados como Nueva York y California también se están preparando para brindar apoyo a los inmigrantes afectados, especialmente a aquellos que viven en el temor constante de ser separados de sus familias.

Por otro lado, algunos inmigrantes y miembros de la comunidad latina han expresado su apoyo a las propuestas de Trump, particularmente aquellas que apuntan a deportar a individuos con antecedentes penales. Entre ellos se encuentra Jorge Rivas, un inmigrante salvadoreño que, a pesar de haber obtenido asilo, defiende la idea de una deportación selectiva y enfocada en criminales, argumentando que debe protegerse a los trabajadores legales y a las familias que contribuyen positivamente a la sociedad.

Mientras tanto, en el ámbito laboral, sectores como la agricultura, que dependen en gran medida de la mano de obra inmigrante, ya han solicitado una reforma migratoria que permita la entrada de trabajadores temporales legales. En California, organizaciones como el California Farm Bureau piden una solución que asegure la continuidad del empleo en las granjas y la estabilidad de los negocios locales, temiendo que las políticas de deportación masiva puedan agravar la escasez de trabajadores y afectar la economía en áreas clave.

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