Un grupo de trabajo del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas concluyó que la detención del expresidente peruano Pedro Castillo fue arbitraria y recomendó al Estado peruano disponer su liberación inmediata. El organismo también planteó que se le otorgue una indemnización y se investiguen las presuntas irregularidades ocurridas durante su proceso judicial.
El informe sostiene que la captura de Castillo, realizada tras su fallido intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, no respetó plenamente las garantías del debido proceso. Entre sus observaciones, señala que el exmandatario fue detenido antes de que se completaran los procedimientos constitucionales correspondientes y que se vulneraron algunos de sus derechos de defensa.
Pedro Castillo fue condenado en 2025 a 11 años y cuatro meses de prisión por el delito de conspiración para la rebelión, luego del intento de disolver el Congreso e intervenir otras instituciones del Estado. Desde entonces permanece recluido en el penal de Barbadillo, en Lima.
Aunque las conclusiones del grupo de expertos de la ONU no son de cumplimiento obligatorio, el informe reavivó el debate político en Perú sobre un posible indulto o una eventual revisión del caso. Diversos actores políticos han expresado posiciones divididas respecto a la recomendación del organismo internacional.
El Gobierno peruano deberá analizar el pronunciamiento del organismo internacional, mientras el caso continúa generando repercusiones tanto a nivel nacional como internacional. La decisión final sobre la situación jurídica del expresidente dependerá de las autoridades competentes y de los mecanismos establecidos por la legislación peruana.
