El Concejo Cantonal de Guayaquil designó este jueves a nuevos miembros para los directorios de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil (Emapag EP) y la Empresa Pública Municipal para la Gestión de Riesgos y Control de Seguridad (Segura EP), tras la renuncia de anteriores delegados.
Al inicio de la sesión, el concejal Arturo Escala solicitó modificar el orden del día para incluir la ampliación de un punto relacionado con las dimisiones. En ese contexto se informó que Isabella Altuve presentó su renuncia al directorio de Segura EP, mientras que Viviana Aguayo dejó su cargo en el directorio de Emapag.
Como reemplazo en Emapag fue designada Peggi Aguayo Barba, quien formaba parte de la administración del Bosque Protector Cerro Blanco – Los Samanes y de la Dirección de Acción Social y Educación (DASE).
En tanto, el arquitecto Luis Alfonso Saltos, quien ha sido asesor de la Alcaldía, fue designado como nuevo integrante del directorio de Segura EP.
Durante la sesión también surgieron pronunciamientos de varios concejales sobre el proceso judicial que enfrenta el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez.
La concejala Soledad Diab criticó las declaraciones del presidente Daniel Noboa, quien en días recientes hizo una alusión a “un burro que se cree unicornio y que llama Aquiles”.
Diab señaló que cuando el mandatario de un país utiliza ese tipo de expresiones para referirse a un adversario político se busca ridiculizarlo y desacreditarlo. Además, sostuvo que cuando la justicia persigue a adversarios políticos corre el riesgo de convertirse en un arma política.
Por su parte, la concejala Emely Vera cuestionó la dilación de las audiencias en el caso judicial del alcalde. “El derecho a la libertad no debe ser un juego”, manifestó, al insistir en que el sistema judicial debe brindar certezas a la ciudadanía.
La alcaldesa subrogante de Guayaquil, Tatiana Coronel, también se refirió al tema y se preguntó si fue oportuno enviar de viaje a dos jueces que debían participar en la audiencia donde se iba a tratar la apelación a la prisión preventiva de Álvarez. Según indicó, se requieren garantías para el respeto de los derechos dentro del proceso.
