La Asamblea Nacional aprobó el 15 de abril de 2026 el Proyecto de Ley Orgánica de Educación Financiera, impulsado por la bancada de Acción Democrática Nacional y apoyado por el Partido Social Cristiano. La normativa establece la incorporación obligatoria y progresiva de contenidos financieros en escuelas, colegios y universidades del país.
El objetivo de la ley es fortalecer las capacidades económicas de la población desde etapas tempranas, promoviendo una mejor toma de decisiones, el ahorro y la prevención del sobreendeudamiento. Además, se plantea como una herramienta para enfrentar riesgos como fraudes financieros y el mal uso de servicios digitales.
Durante el debate, la presidenta de la Comisión de Educación, Cecilia Baltazar, destacó que el proyecto tiene un enfoque inclusivo, con perspectiva de género, interculturalidad y atención a distintos grupos etarios. También se incorporaron temas como seguridad digital, prevención de estafas electrónicas y formación en inteligencia artificial.
Aunque la iniciativa recibió respaldo del oficialismo, hubo posiciones divididas en el correísmo. Algunos legisladores reconocieron la importancia técnica de la ley, pero votaron en contra por razones políticas, evidenciando diferencias en torno a su aplicación y alcance dentro del sistema educativo.
