A partir del próximo 9 de marzo, el Municipio de Quito iniciará la entrega de 300,000 tarjetas electrónicas gratuitas.
Esta medida, anunciada por la Alcaldía, busca dotar a la ciudadanía de las herramientas necesarias para transitar hacia un modelo de movilidad más eficiente, apoyado por una red de aproximadamente 8,000 puntos de recarga distribuidos en todo el Distrito Metropolitano, lo que permitirá a los usuarios realizar sus operaciones en farmacias, tiendas y diversos establecimientos de barrio.
Esto se da tras la próxima implementación oficial del sistema integrado de recaudo que entrará en vigencia el 1 de abril. Esta iniciativa, que busca unificar el método de pago entre el Metro de Quito, las troncales de la Ecovía, el Trolebús y los buses alimentadores, contará con una red de aproximadamente 8,000 puntos de recarga distribuidos en todo el Distrito Metropolitano, facilitando el acceso a este nuevo mecanismo tecnológico. El sistema contempla la emisión de tarjetas especializadas para diferentes perfiles de usuario, garantizando así la aplicación automática de tarifas diferenciadas. Se distribuirá una tarjeta Universal para el pago de la tarifa completa de $ 0,45, junto con variantes preferenciales para adultos mayores y estudiantes, las cuales permitirán una gestión más flexible en comparación con la actual tarjeta Ciudad. De forma paralela, el Concejo Metropolitano avanza en la aprobación de una ordenanza que regula este sistema, enfocándose en la creación de fideicomisos tanto municipales como privados, destinados a administrar de manera eficiente y transparente los recursos recaudados a través de diversos métodos de pago, incluyendo tarjetas de débito y crédito.
Desde una perspectiva técnica y operativa, las autoridades municipales y representantes del gremio de transporte privado señalan que esta unificación tecnológica es clave para modernizar la movilidad en la capital. El objetivo central, más allá de la gestión de pagos, es optimizar la operatividad mediante el cumplimiento de frecuencias y la recolección de datos, lo que contribuiría a mitigar la competencia informal entre conductores. Este proyecto busca cimentar un modelo de pago mixto y corresponsable entre el Estado y la ciudadanía, estableciendo estándares de calidad que permitan una futura integración tecnológica total con las unidades de transporte privado en beneficio de los usuarios.
