El brutal asesinato de Orelha, un perro callejero comunitario en la ciudad de Florianópolis, desató una ola de indignación en todo Brasil y logró algo inusual en un país marcado por la polarización: unir a fuerzas políticas de izquierda y derecha en un mismo reclamo de justicia.
Orelha fue torturado por un grupo de adolescentes a inicios de enero y, debido a la gravedad de las heridas, tuvo que ser sacrificado. El hecho se viralizó rápidamente en redes sociales bajo el hashtag #JusticiaPorOrelha, convirtiéndose en un caso nacional y reabriendo el debate sobre la impunidad y el maltrato animal.
La Policía Civil de Santa Catarina realizó allanamientos e imputó a adultos vinculados al caso por amenazas contra un testigo clave. Además, se investiga a los menores no solo por la tortura de Orelha, sino también por el intento de ahogamiento de otro perro callejero. Debido a la edad de los sospechosos, el proceso se rige por el Estatuto del Niño y del Adolescente.
El caso generó pronunciamientos de figuras políticas de todo el espectro ideológico, así como de artistas y personalidades públicas. Incluso la primera dama de Brasil, Rosângela da Silva, expresó su indignación y pidió justicia. En paralelo, se anunciaron manifestaciones en varias ciudades del país.
La conmoción también impulsó iniciativas legales para endurecer las penas por maltrato animal y reforzar la protección de los perros comunitarios. Organizaciones defensoras de animales insisten en que el caso Orelha debe marcar un punto de inflexión en la lucha contra la crueldad y la impunidad en Brasil.
