Estados Unidos anunció una inversión de USD 608 millones para construir nuevos centros de detención migratoria, como parte de su estrategia para reforzar el control fronterizo. La medida se implementa en paralelo a una serie de redadas a nivel nacional dirigidas a personas en situación migratoria irregular.
Organizaciones defensoras de derechos humanos han expresado su preocupación por el impacto humanitario de esta política, señalando posibles violaciones a los derechos de los migrantes. El gobierno, por su parte, asegura que busca garantizar procesos más ordenados y seguros en el sistema migratorio.
