En el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), se ha generado una nueva polémica en torno al borrador de reglamento para la designación del próximo Fiscal General del Estado. El documento, elaborado por el consejero Augusto Verduga, ha sido objeto de críticas debido a su disposición que permite la participación de candidatos con denuncias o procesos abiertos, siempre que no cuenten con sentencias ejecutoriadas.
El principal crítico del borrador, el consejero Juan Esteban Guarderas, ha manifestado preocupaciones sobre la falta de garantías para asegurar la idoneidad de los candidatos. Guarderas advirtió que esta regulación podría facilitar la postulación de individuos vinculados al narcotráfico, al permitir la participación de personas investigadas en casos de alto perfil como Metástasis, Purga o Plaga.
En respuesta, Verduga defendió su propuesta, argumentando que la inclusión de candidatos con denuncias no verificadas busca evitar que el proceso de selección sea obstaculizado por denuncias infundadas. Además, Verduga criticó lo que consideró una banalización del término «narco», asegurando que se utiliza sin bases concretas.
Esta controversia resalta la importancia del cargo de Fiscal General, que jugará un papel crucial en la lucha contra el crimen organizado en el país. La discusión continúa, y la decisión final sobre el reglamento será clave para definir la transparencia y eficacia del proceso de selección.
