María Daniela Icaza, directora interina de la Penitenciaría del Litoral en Guayaquil, fue atacada a tiros la tarde del jueves 12 de septiembre mientras se dirigía a su casa sin custodia. Viajaba en un automóvil particular junto a un compañero, cuando fue interceptada por sujetos en moto en la vía a Daule. La Policía y la familia confirmaron el ataque el viernes 13 de septiembre, cuando sus familiares acudieron a la morgue para retirar el cuerpo.
«Quiero aclarar que mi hermana no tenía custodia y viajaba con una persona que a veces le hacía de transporte», expresó en la red social X (antes Twitter) Víctor Andrés, hermano de la víctima, quien criticó la falta de presencia fiscal y de la Dinased en el lugar de los hechos. María Daniela, quien había trabajado en el Servicio Nacional de Atención a Privados de Libertad (SNAI) desde 2017, deja dos hijos.
El mayor Gino Zanzzi, jefe encargado del distrito Pascuales, explicó que Icaza era la coordinadora de la cárcel y mano derecha de la directora titular del recinto. Además, señaló que Byron O., un funcionario encargado del monitoreo de cámaras, resultó herido en el brazo durante el ataque.
El SNAI confirmó que Icaza se desempeñaba como directora encargada del Centro de Rehabilitación Social Masculino Guayas 1, lo cual consta en su credencial, cuya fotografía fue difundida.
Zanzzi detalló que los dos funcionarios salieron de la cárcel después de las 17:00, cuando fueron seguidos por una motocicleta que los interceptó en un viaducto de la Perimetral. Uno de los sicarios disparó con un arma de calibre 9 mm, hiriendo a Icaza de gravedad. El vehículo quedó en dirección a Daule, y se cree que el conductor intentó regresar para escapar de los atacantes, deteniéndose finalmente para pedir ayuda.
El ECU911 recibió la alerta a las 17:15, y la escena fue acordonada. Aunque Icaza fue trasladada al hospital del Guasmo con signos vitales, falleció en el camino. Zanzzi indicó que se están revisando los videos de seguridad para identificar a los responsables, y aclaró que no hay indicios de amenazas previas contra los funcionarios ni antecedentes penales.
