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Renato Ortuño será el segundo ecuatoriano en acceder a la eutanasia, tras sobrevivir a un intento de asesinato en Quito.


Carlos Renato Ortuño, abogado quiteño de 38 años, será el segundo ecuatoriano en acceder legalmente a la eutanasia, luego de sobrevivir a un intento de sicariato que lo dejó con una cuadriplejía irreversible. El ataque ocurrió el 23 de junio de 2023, cuando se dirigía a su oficina en el edificio de la Bolsa de Valores de Quito. Dos hombres armados lo interceptaron y dispararon a quemarropa, tras haberlo confundido con otra persona vinculada al crimen organizado. Ortuño recibió impactos de bala en el cuello y la médula espinal, lo que lo dejó con una discapacidad del 98 % y completamente dependiente de asistencia médica.

Desde entonces, ha atravesado más de dos años de tratamientos médicos intensivos en Ecuador y el extranjero, sin lograr ninguna recuperación de movilidad. En 2024, tras la histórica despenalización de la eutanasia por parte de la Corte Constitucional, Ortuño decidió iniciar el proceso legal para solicitar una muerte digna. El 4 de julio de 2025, presentó su solicitud formal ante el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), y este 8 de septiembre fue notificado que su caso fue aprobado por el comité interdisciplinario, cumpliendo todos los requisitos legales y médicos exigidos.

Su historia se ha convertido en un símbolo del derecho a decidir sobre el final de la vida en condiciones de sufrimiento extremo. En varias declaraciones públicas, Ortuño ha expresado que su decisión no surge por desesperación, sino por el deseo de morir con dignidad, rodeado de su familia y en paz. “He hecho todo lo posible por seguir viviendo, pero ya no tengo calidad de vida. No quiero morir, quiero dejar de sufrir”, escribió en una carta difundida a través de su abogado.

Ortuño será el segundo caso autorizado desde que la eutanasia fue despenalizada en Ecuador en febrero de 2024, tras el precedente de María, una paciente con cáncer terminal que accedió al procedimiento en mayo de 2025. Su caso reabre el debate sobre la necesidad de garantizar este derecho sin barreras ni demoras para quienes lo solicitan de forma libre y consciente.


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