Las quemas agrícolas, una práctica común en sectores como el Valle de Los Chillos, Tumbaco, el cerro Auqui y otras parroquias rurales de Quito, han generado serios problemas. Estas quemas, a menudo realizadas sin control adecuado, han provocado incendios forestales que han causado daños materiales y han puesto en riesgo la salud de las personas y el medio ambiente.
La concejala Diana Cruz, presidenta de la Comisión de Ambiente del Municipio, impulsó la aprobación de una ordenanza para gestionar los incendios forestales en la capital mediante el manejo integral del fuego. Esta normativa, aprobada el 28 de mayo, establece un marco regulatorio integral que busca trabajar de manera coordinada en la prevención, respuesta rápida y restauración de ecosistemas afectados por el fuego.
Entre el 60% y el 70% de los incendios forestales en Quito se originan por quemas agrícolas, mientras que un 25% se debe a la quema de desechos. La ordenanza establece procesos específicos para el manejo del fuego en estos casos, con sanciones que van desde un salario básico hasta 75 salarios en los casos más graves. Las sanciones por infringir las normas de protección ambiental en Quito se gradúan según la gravedad de la falta y la capacidad económica del infractor, categorizándose como leves, graves y muy graves.
Sanciones leves. Fumar cerca de áreas protegidas o no permitir la inspección de personal municipal: multa de un salario básico a 2,5 salarios básicos unificados.
Sanciones graves. Quema no autorizada de un predio privado que afecte a una zona protegida: multa de tres a 4,5 salarios básicos unificados.
Sanciones muy graves. Incendio forestal provocado por fuegos pirotécnicos o quema de espacios públicos: multa de 5 a 75 salarios básicos unificados.
Las personas pueden optar por realizar trabajo comunitario como alternativa.
