El ECU-911 informó que los dispositivos instalados en postes, semáforos y señalética vial deben contar con permisos previos. Algunas cámaras, además, habrían sido utilizadas para vigilar a las fuerzas de seguridad o estarían vinculadas con actividades delictivas.
La instalación de cámaras de videovigilancia en espacios públicos sin las autorizaciones correspondientes puede terminar con el retiro de los equipos. Así lo informó el ECU-911, que detalló los controles realizados a escala nacional.
Los dispositivos colocados en postes, semáforos o señalética de tránsito deben contar previamente con la autorización de la empresa propietaria de la infraestructura y, cuando corresponda, con el permiso municipal. Esta disposición está contemplada en el Decreto Ejecutivo 214.
Entre marzo de 2025 y el 25 de agosto de 2026, las autoridades retiraron 1.324 cámaras de seguridad en todo el país. Las provincias de Guayas, Los Ríos, Bolívar y El Oro registran el mayor número de intervenciones.
Del total de equipos desmontados, apenas 83 propietarios acudieron a reclamarlos.
Los procedimientos son ejecutados por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, en coordinación con el ECU-911. Antes de retirar una cámara, las autoridades buscan identificar a su propietario y verificar si el dispositivo cuenta con las autorizaciones correspondientes.
El ECU-911 también alertó sobre casos en los que algunas cámaras habrían sido instaladas estratégicamente para monitorear los movimientos de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
Según la entidad, además, determinados dispositivos estarían relacionados con actividades delictivas, como extorsión y control territorial del microtráfico.
Los ciudadanos sí pueden colocar cámaras de seguridad para vigilar los alrededores de sus viviendas. Sin embargo, los equipos deben permanecer dentro de la propiedad privada y estar orientados hacia su perímetro.
De esta manera, los propietarios pueden contar con sistemas de videovigilancia sin ocupar infraestructura pública ni instalar dispositivos en espacios que requieren autorización.
El ECU-911 mantiene sistemas de interoperabilidad con 55 gobiernos locales y trabaja en la incorporación de cámaras privadas a esta red.
La finalidad es fortalecer la atención de emergencias y facilitar la disponibilidad de imágenes que puedan contribuir a investigaciones judiciales, de acuerdo con los procedimientos establecidos por las autoridades.
