La Contraloría General del Estado confirmó responsabilidades civiles por más de 11,6 millones de dólares contra 68 funcionarios de 13 hospitales del Ministerio de Salud Pública, tras detectar irregularidades en la compra y control de medicamentos y dispositivos médicos.
La auditoría revisó operaciones realizadas entre 2018 y 2022, durante los gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso. El informe señala inconsistencias entre los medicamentos registrados en bodegas y los realmente entregados a pacientes con enfermedades catastróficas, raras y huérfanas.
Entre los hospitales involucrados constan el Eugenio Espejo, Baca Ortiz, Vicente Corral Moscoso y el Hospital General Docente de Ambato. Además, la Contraloría detectó problemas en contratos de medicamentos oncológicos y dispositivos médicos que habrían ingresado sin validaciones técnicas completas.
El organismo de control concluyó que no existieron mecanismos suficientes para verificar el destino final de insumos médicos valorados en más de 11 millones de dólares, situación que habría afectado tratamientos para pacientes con cáncer, VIH y hemofilia.
