Varios asambleístas insisten en censurar a María Fernanda Espinosa

El retiro del asilo a Julian Assange llevó el martes a varios legisladores a insistir en censurar a la excanciller y actual presidenta de la Asamblea General de la ONU, María Fernanda Espinosa, quien concedió la naturalización ecuatoriana al australiano a finales de 2017.

“Es el momento de darle transparencia a las cosas y que el pueblo ecuatoriano las conozca”, apuntó en una rueda de prensa el asambleísta Fernando Flores, al pedir que se tramite ante el órgano rector del Legislativo una investigación a la exministra, con el fin de que se le abra juicio político.

Por su parte, la socialcristiana Cristina Reyes recordó que el 31 de mayo de 2018, con 58 firmas de casi todas las bancadas políticas de la Asamblea Nacional, se pidió el inicio de un juicio político contra Espinosa por su presunto “incumplimiento” de funciones, pero la iniciativa no prosperó y nunca llegó al Consejo de Administración Legislativa (CAL).

Además, Reyes resaltó que hasta el 11 de junio la Asamblea puede procesar políticamente a la excanciller María Fernanda Espinosa, por quien el Ecuador ha gastado “medio millón de dólares”, en remuneraciones, gastos de representacion, y demás.

Según reveló la legisladora, el Gobierno paga $17.000 por un “lujoso” departamento donde vive Espinosa, en Nueva York.

Según Flores, del partido Creando Oportunidades, la comparecencia de Espinosa “se ha retrasado porque muchos ya conocían perfectamente lo que sucedía con Assange”.

El fundador de Wikileaks Julian Assange estaba refugiado en la embajada de Ecuador en la capital británica desde junio de 2012 para evitar su extradición a Suecia, que por entonces solicitaba su entrega por presuntos delitos sexuales.

El jueves pasado, al anunciar el retiro del asilo diplomático al fundador de WikiLeaks, Ecuador también notificó que suspendía los efectos de la naturalización que Espinosa le concedió en diciembre de 2017 para intentar sacarlo de Reino Unido bajo estatus diplomático.

Ese proceso, reveló una investigación de una legisladora y confirmó la Cancillería la semana pasada, se hizo trasgrediendo algunas reglas y con “múltiples inconsistencias”.

Por esas inconsistencias legales, Reyes y otros legisladores piden que se retome el estancado proceso de juicio político a Espinosa, que en junio de 2018 dejó su cargo tras ser elegida presidenta de la Asamblea General de la ONU.

Además del caso Assange, Reyes incluyó contra ella su actuación durante la crisis del secuestro y posterior asesinato en abril de 2018 del equipo de prensa del diario El Comercio, que había acudido a la zona de frontera con Colombia para recabar información sobre la violencia.

Durante la rueda de prensa, los parlamentarios recordaron que la excanciller pidió entonces quince días de licencia para promocionar su candidatura a la Asamblea General de Naciones Unidas.

Reyes opinó también que mientras Espinosa estuvo a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, entre mayo de 2017 y junio de 2018, hubo un “abandono de cerca de 300.000 ecuatorianos en Venezuela” ante la crisis humanitaria que vive ese país.

Y consideró que, una vez que se ponga a disposición del pleno del Legislativo el informe del juicio a Espinosa, se demostrará al país que “la funcionaria se ha burlado de los intereses de los ecuatorianos, ha llevado adelante una agenda ideológica y ha malgastado recursos públicos”, aseguró.

El pedido de juicio a Espinosa se realiza para sentar un precedente de que “los funcionarios públicos tienen la responsabilidad de servir a los ciudadanos y no despilfarrar fondos públicos”, comentó Reyes.

Fuente: Revista Vistazo

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