Fiscalizar poderes del Estado fluyen más con el pedido de datos

Los pedidos de información son un mecanismo que tienen los asambleístas para fiscalizar la gestión del resto de poderes del Estado. De acuerdo con el momento político, las prioridades de los parlamentarios cambian. Entre 2013 y 2017, durante la Presidencia de la correísta Gabriela Rivadeneira, se gestionaron 5 637 solicitudes, siendo los más requeridos el Ministerio de Trabajo (393), el de Salud (305) y el de Agricultura y Ganadería (228).

En ese período, Rivadeneira dispuso que todos los pedidos se canalicen por su despacho. Ahora, con el Legislativo dirigido por César Litardo (AP), ese filtro es opcional, pero muchos parlamentarios optan por mantener esa práctica. En este período se han efectuado 2 777 solicitudes de este tipo.

Johana Cedeño (AP), presidenta de la Comisión de Fiscalización, cree que la información fluye, a diferencia del anterior período, cuando ella encabezaba la Comisión de Biodiversidad. “No existe mayor bloqueo y creo que esa es la mayor diferencia que tenemos con el período anterior, porque antes teníamos que pasar por la Presidencia de la Asamblea; caso contrario, los ministros o las autoridades no respondían”, comentó Cedeño.

En esta mesa, en los últimos siete meses se han dado 11 procesos de fiscalización, entre ellos el denominado caso Arroz Verde, cuyo expediente fue remitido a la Fiscalía y a la Contraloría del Estado.

Si un legislador no usa ese canal, el requerimiento no queda registrado en la unidad de Gestión de Documentos del Parlamento, en donde se genera un código para el seguimiento. Las autoridades tienen 15 días para responder a los legisladores. Litardo señala que también existen otros mecanismos para obtener información sobre la gestión pública, como las comparecencias de los funcionarios a las comisiones especializadas.

Desde hace dos años y siete meses, el foco de atención de los legisladores ya no solo se concentra en las dependencias del Poder Ejecutivo, sino también en la tarea de la Contraloría General del Estado.

En el caso de la Cartera de Salud, el control político del Parlamento derivó el año pasado en la censura de la exministra Verónica Espinosa, acusada de incumplir sus funciones en cuanto a la calidad de la atención y la compra de insumos. El proceso fue impulsado por la asambleísta independiente Mae Montaño, tras denuncias sobre supuestas fallas en la aplicación de pruebas rápidas para la detección del VIH a las personas con cobertura de la red pública sanitaria.

​Montaño, en una de las últimas sesiones del Pleno del 2019, reclamó por la falta de seguimiento a este asunto, pues sostuvo que el papel de la Legislatura no debe acabar solamente con la censura.

Desde mayo del 2017, 315 entidades recibieron por lo menos uno o más requerimientos de información. Además de los ministerios, la lista la componen dependencias de distinto nivel, incluidas empresas públicas, municipios o institutos. Hay un proceso de investigación al IESS, a la espera de información requerida a las autoridades involucradas. El 91,7% de todas las solicitudes presentadas en los últimos 31 meses ha sido respondido; es decir, 2 546.

En los cuatro años de la Legislatura de Rivadeneira, 88,81% tuvo contestación.

El titular de la Asamblea no figura entre quienes más han empleado este mecanismo. Litardo ha presentado cinco solicitudes. Elizabeth Cabezas y José Serrano, quienes le antecedieron en el cargo, registran cinco y 21, respectivamente.

En cambio, Jeannine Cruz (con 180), de Creo; Carlos Cambala (139), del bloque AP-aliados; la independiente María Mercedes Cuesta (131); el correísta Esteban Melo (111) y Eddy Peñafiel del BIN (108) son los que más requerimientos de información han realizado: el 29,4% del total.

Cruz manifestó que, canalizando los pedidos de información a través de la Presidencia del Parlamento, las entidades públicas atienden con mayor prontitud las solicitudes. La legisladora, junto a su coideario Fernando Flores, buscan la censura y destitución de la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint.

La acusan de incumplimiento de funciones en cuatro temas, entre ellos, por las fallas en los comicios en Los Ríos.

Pero esto no solo depende de la documentación que reúnan, sino de que cuenten con 91 votos en el Pleno. Es decir, pesa más la voluntad política para tomar decisiones sobre funcionarios de alto rango.

El proceso contra Atamaint se ventila en la Comisión de Fiscalización, en donde se han tramitado 14 pedidos de interpelación desde mayo del 2017.

De ellos, cinco terminaron en censura y destitución, como fue el caso de José Tuárez y de otros tres integrantes del Consejo de Participación (Cpccs).

En el anterior periodo legislativo, la oposición la calificaba de “comisión de archivo o limbo”. Cruz ofrece tener un informe del caso Atamaint para finales de este mes. Cruz solicitó información sobre el caso del asesinato del general Jorge Gabela, que también fue objeto de una investigación de la Asamblea.

La Fiscalía aún no responde. En contexto​Las 12 comisiones especializadas de la Asamblea realizaron 530 sesiones entre mayo del 2017, cuando se inició el actual período, y el 2019.

En ese lapso se registró la comparecencia de 635 autoridades y funcionarios; hubo 541 participaciones ciudadanas.

Diario El Comercio 

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