Evo Morales va por su cuarto mandato en elecciones presidenciales en Bolivia

Han pasado 13 años desde que por primera vez un indígena ganó la presidencia de Bolivia. El mismo que ha gobernado todo ese tiempo y que planea extender su mandato un lustro más, a pesar de las críticas éticas y legales que representa.

Juan Evo Morales Ayma, de 59 años, es el último mandatario de la llamada corriente del socialismo del siglo XXI en Sudamérica y quiere, pese a que la Constitución que él promovió lo prohibía, un nuevo periodo. Algo que además fue rechazado por la mayoría de los bolivianos en un plebiscito en 2016.

Por ello, las elecciones del 20 de octubre son polémicas. De acuerdo con Ipsos, Morales tiene una intención de voto de 33%, seguido por el opositor expresidente (2003-2005) Carlos Mesa, con el 25%. En tercer lugar está el senador opositor Óscar Ortiz, con el 7%. Esos números le dan a Mesa la posibilidad de una segunda vuelta.

Otro sondeo del diario La Razón los pone en el mismo orden, pero con el 38%, 27% y 8,7%. El 16,2% aún no define su voto.

Sin embargo, donde se vería más afectado el partido de Morales, MAS (Movimiento al Socialismo), sería en el Congreso, puesto que perdería los dos tercios (en diputados y senadores) que le han permitido aplicar sus políticas públicas.

De acuerdo con la ley electoral boliviana, si ninguno de los candidatos sobrepasa el 50% más uno de los votos o no hay una diferencia de 10 puntos entre el primero y el segundo, se realizará una segunda vuelta –balotaje– entre los dos candidatos más votados.

Pero el Tribunal Constitucional –acusado de ser aliado del presidente– declaró en noviembre del 2017 que era un «derecho humano» de Morales volver a presentarse.

«Cinco años más (de gestión) para garantizar esta liberación para toda la vida», dijo Morales al lanzar su campaña el 18 de mayo, afirmando que será la última vez que compita por ella.

Los 13 años que lleva gobernando Morales se han caracterizado por el auge y estabilidad económica, principalmente por la exportación de gas. Mientras, se le achacan casos de corrupción y dilapidación de recursos públicos en obras como el nuevo edificio presidencial, la sede del Parlamento de Unasur (organización que ha quedado en desuso) y un museo dedicado a su “revolución democrática y social”.

 

 

Fuente: El Universo

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