Estado ecuatoriano reconoce responsabilidad en caso de adolescente Paola Guzmán

El caso de la adolescente ecuatoriana Paola Guzmán Albarracín llegó este martes 28 de enero del 2020 a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), con el Estado ecuatoriano como parte demandada. El delegado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Jorge Meza Flores, presentó los hechos del caso ante las juezas y jueces de la CorteIDH.

Dijo que desde sus 14 años, Paola fue acosada sexualmente por el vicerrector de su colegio y por el médico del mismo centro educativo.

En el año 2002, cuando tenía 16 años, Paola se suicidó al ingerir «11 diablillos» de fósforo blanco. Además, que Paola no recibió atención médica oportuna para salvar su vida. Y que la investigación en lo penal y los procesos civil y administrativo no fueron diligentes.

«La situación aún se encuentra en impunidad», apuntó.

En la audiencia, el Estado, a través de un delegado de la Procuraduría, ofreció disculpas públicas «por aquellas acciones u omisiones del Estado que hayan causado violaciones a los derechos de Paola».

De igual manera, «por aquellas acciones u omisiones del Estado que hayan generado violaciones a sus derechos en la búsqueda por la verdad y el reconocimiento».

La CIDH y los representantes de las víctimas indicaron que reconocen y valoran positivamente lo hecho por el Estado ecuatoriano, pero que es necesario un pronunciamiento de la CorteIDH.

«Quiero que otras niñas no pasen lo que pasó mi hija»

Petita Albarracín, madre de Paola, recordó a su hija como «una joven amorosa, apegada a la familia, que soñaba con ir a Nueva York y convertirse en secretaria». «Mi hija era tan especial, pero por fines de octubre (de 2002) fue cambiando. No era la misma niña alegre», contó en la audiencia con la voz quebrada. Petita relató como el 12 de diciembre de ese año «me entró una llamada como a las dos y media. Llamó una compañerita llorando, diciendo que Paola ha tomado diablillos».

Describió la indolencia de las autoridades del colegio puesto que- según su relato- la menor estuvo mucho tiempo sin recibir atención. De allí que ella misma la trasladó hasta una clínica. También explicó que una periodista le contó que su hija había sido abusada por el vicerrector y le recomendó denunciar los hechos. La menor murió al día siguiente de la ingesta de los «diablillos», pero en la clínica no le hicieron pruebas para determinar si había estado embarazada como amigas de su hija le habían contado.

De la clínica le recomendaron ir hasta el médico forense de criminalística. Petita dijo que a este médico forense no le importó el dolor que estaba pasando y le mostró el «cuerpo desnudo y abierto» de su hija para «demostrarle» que su hija no estaba embarazada.

«Mi hija estuvo embarazada porque le enseñó la prueba de embarazo a una compañera», recalcó Petita llorando en la audiencia.

Y añadió: «El abuso todos lo sabían, el rector, los inspectores, los profesores, el médico, los compañeros y nadie me avisó». Petita se quebró tras recordar una carta de su hija: «Mamita perdóname, cuida a mi ñaña que yo te cuidaré desde el cielo», decía. Antes dejó en claro que el vicerrector manipuló y abusó de Paola.

«Él era un hombre mayor, mi hija solo tenía 16 años». En su relato, la madre describió la lucha por justicia, pero contó que el sistema favorecía al funcionario educativo, Bolívar Espín, el vicerrector.

«Este hombre destruyó la vida de mi hija y mi familia (…) él le indujo al suicidio», subrayó.

Petita explicó que la boleta de captura caducó a los tres años y ahora «está libre y vivo». Dijo esperar en la CorteIDH lo que no obtuvo en Ecuador: protección, justicia y reparación.

Fuente: El Telégrafo

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