El jueves 30 de enero se instalará audiencia de juzgamiento contra Glas y Capaya en CNJ

A 77 días de que el juez nacional Iván Saquicela, de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), llamó a juicio a los 15 procesados en el denominado caso Singue, argumentando que «hay serios indicios de la existencia de este delito y de la responsabilidad de cada uno de los ciudadanos investigados», el jueves 30 de enero próximo se instalará la audiencia de juzgamiento en la CNJ.

La diligencia está convocada para las 09:45 en el octavo piso de la CNJ y entre los procesados están el exvicepresidente Jorge Glas y el exministro Carlos Pareja Yannuzzelli, quienes vuelven a ser llamados a juicio por un caso de corrupción en el sector público. Otro de los 15 procesados que es acusado en calidad de autor es el también exministro Wilson Pastor.

Para el excompañero de fórmula presidencial de Rafael Correa es el tercer llamado a juicio, mientras que para el exfuncionario petrolero se transforma en su sexto llamamiento a audiencia de juzgamiento. El Tribunal en este caso estará dirigido por los jueces nacionales encargados Iván León (ponente), Dilza Muñoz y Wilman Terán.

Saquicela en su resolución explicó que consideraba necesario e indispensable que los elementos acopiados y acreditados por Fiscalía en este caso vayan a una audiencia de juzgamiento. «El juez observa que de diferentes maneras todos los procesados contribuyen con sus actos a que eventualmente pueda haber una conducta típica y antijurídica como el delito de peculado».

El peculado en el que se investiga a exfuncionarios públicos del sector petrolero y empresarios privados analiza la adjudicación del campo Singue al consorcio Dygoil Consultora y Servicios Petroleros Cia. Ltda y la firma Gente Oil Development LLC (DCG) en la que se habrían cometido varias irregularidades.

La acusación de Fiscalía señaló que el 30 de abril de 2012 la Secretaría de Hidrocarburos y el consorcio DGC suscribieron un contrato de prestación de servicios, el cual tenía como objeto la exploración y explotación del Bloque Singue dentro de la Décima Ronda Petrolera. Los procesados habrían sido parte de diversos niveles de la negociación.

Según Fiscalía, para este contrato se habrían incumplido los requisitos legales y reglamentarios de la licitación y a pesar de esos incumplimientos normativos por parte de la empresa oferente, se llegó a calificarla y adjudicarle el mismo.

Además de la violación de disposiciones legales, se explicó, también en la investigación se habría demostrado que existió un perjuicio para el Estado y un beneficio para la empresa contratada en la tarifa, ya que se negocio con una tarifa mucho menor, la cual no tuvo sustento técnico.

En el examen realizado por la Contraloría a esa contratación se determinó un perjuicio para el Estado, hasta el momento de ese análisis, de más de $ 5 millones. Sin embargo, la Fiscalía cree que el perjuicio llega a los $ 28.5 millones, debido a que se sigue dando la explotación petrolera y se sigue pagando al Estado una tarifa que no es la justa.

Fuente: Diario El Universo 

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