‘Cuando termine la investigación sobre protestas se presentarán resultados’, dijo Diana Salazar

Han pasado 25 días y el olor a calcinado aún se percibe al rodear la vereda de la calle Juan Montalvo, en donde está ubicada la Contraloría del Estado.

El 12 de octubre, en medio del paro nacional por la eliminación de subsidios a los combustibles que convocó el movimiento indígena, grupos vandálicos ingresaron a la Contraloría y la incendiaron.

Destrucción es lo que dejó ese hecho. Documentos quemados y otros regados por el piso; cenizas, vidrios rotos, paredes interiores grafiteadas con insultos; de las sillas, escritorios y carros solo hay sus esqueletos chamuscados.

Ayer, el contralor Pablo Celi tildó a esa acción como un proceso de ‘humillación’ a una institución que fue objeto de un “ataque político”.

Ahí, contó, se han trabajado 5500 informes de auditoría, de los que se establecieron 10 500 responsabilidades administrativas, 6400 civiles y 520 indagaciones penales.

Su narración fue parte de un discurso que dio en un balcón del frente del edificio quemado, como parte de un acto simbólico en el que se elevaron las banderas del Ecuador, de la Contraloría y de Quito, en respuesta a los actos vandálicos.

Asistieron decenas de funcionarios de la entidad, excontralores invitados, la titular de la Fiscalía General, Diana Salazar, y otras autoridades.

Aún se desconoce a cuánto ascienden las pérdidas o qué fue lo que se quemó, ya que se siguen levantando evidencias para la investigación fiscal.

Salazar fue invitada a izar la bandera del Ecuador y también a recorrer junto con Celi el edificio para constatar los daños.

Le preguntaron cómo avanzan las investigaciones sobre este hecho que se habría organizado a través de un chat de WhatsApp llamado ‘Grupo Libertadores’, según se publicó en el diario El Comercio, del que hay 33 detenidos por el delito de presunto terrorismo: 27 adultos y 6 menores de edad. A estos últimos, un tribunal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha les otorgó habeas corpus el pasado fin de semana.

“Cuando se haya terminado la investigación, vamos a presentar los resultados ante los jueces, y la ciudadanía va a poder conocer la verdad de cómo se planificó, se concertó y cómo se llevó a cabo el tema, no solo en la Contraloría, sino en cada lugar del país”, expresó.

Y aclaró que los procesos por rebelión se efectúan “no por tuits. No únicamente por sus manifiestos, sino por evidencia clara y contundente”.

Fuente: El Universo 

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