45 procesos de investigación afronta la empresa Odebrecht

El nombre de Odebrecht se repite en 40 investigaciones dentro de la Contraloría y en cinco expedientes abiertos por la Fiscalía. La participación de la gigante brasileña en obras construidas por el anterior Gobierno se analiza en dos vías: administrativa y penal. La Contraloría ha establecido glosas económicas que aún no han sido canceladas por esta empresa.

En cambio, en lo penal, la Fiscalía investiga desde el 2017 los casos Refinería del Pacífico y los proyectos Manduriacu, represa La Esperanza y Trasvase Daule-Vinces. Todos siguen en indagación previa, por lo que ni la firma extranjera ni sus exdirectivos no han sido procesados por la justicia ecuatoriana.

En la Contraloría, los auditores revisaron la actuación de la constructora desde el 2008 al 2018. Según el último reporte, Odebrecht recibió adjudicaciones de obras por parte de 15 entidades estatales, entre ellas, la Secretaría del Agua, Hidropastaza, Petroecuador, Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Corporación Eléctrica del Ecuador.

En medio de esto, el nombre Odebrecht volvió a ser mencionado en la trama de corrupción del caso Sobornos 2012-2016. Pese a que José Conceição Santos, exgerente de la firma, admitió haber entregado personalmente dinero para las campañas de Alianza País, la firma tampoco forma parte del proceso penal. Santos, a través de videoconferencia, dijo que dio USD 2,6 millones para la campaña presidencial del 2013 y otros USD 2,5 millones para las seccionales del 2014. Él cumple ya una condena en Brasil.

En el caso Sobornos, el lunes, la fiscal General, Diana Salazar, dio por concluida la etapa de instrucción fiscal o fase de investigación pública. En un escrito aclaró que todas las diligencias dispuestas como pedidos de información, pericias, informes forenses y versiones deberán cumplirse, tal como fueron programadas.

Con este cierre, ninguna persona más podrá ser incluida en el caso. Actualmente hay 26 procesados, entre estos el expresidente Rafael Correa y el exvicepresidente Jorge Glas. El actual Gobierno analiza firmar un acuerdo de reparación para que la compañía pague al Estado un monto económico que todavía no ha sido fijado.

Se tomarán en cuenta cuestiones materiales e inmateriales, como el “daño social”.

Diario El Comercio 

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