La exasambleísta Nívea Vélez acudió esta mañana a la Corte Nacional de Justicia para apelar el fallo judicial de primera instancia del Tribunal, integrado por los jueces Mercedes Caicedo, Marco Rodríguez y Adrián Rojas, quienes la sentenciaron a un año de prisión por el delito de concusión.
Para Vélez la decisión del Tribunal es injusta y fuera de derecho. Considera que no se consideraron las pruebas testimoniales y periciales presentadas por su defensa.
Si bien el fiscal general subrogante Wilson Toainga solicitó una pena de cuatro años de cárcel para la exlegisladora, el Tribunal aclaró que la pena impuesta es proporcional a la conducta de la procesada y dispuso el pago de una multa, así como de una reparación integral al Estado, cuyos montos serán notificados en la sentencia escrita.
Según la Fiscalía, Vélez en el tiempo que se desempeñó como asambleísta por la provincia de Loja (2009 – 2013) exigió contribuciones indebidas a sus subalternos, las mismas que provenían de sus salarios como funcionarios de su despacho.
De acuerdo con la Fiscalía, el monto exigido por la exlegisladora a sus excolaboradores ascendería a $ 40.440.
Vicente Ogoño, quien fue contratado por Vélez a principios de 2012, la denunció debido a que le habría exigido un pago correspondiente a un porcentaje del sueldo que ganó como asesor de despacho.
