En el marco del Día Mundial del Agua, el presidente Guillermo Lasso se trasladó al Parque Nacional Cotopaxi donde hizo el anuncio sobre el inicio del proceso de diálogo junto con las comunidades para elaborar la nueva Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, en atención al dictamen de la Corte Constitucional (CC) que dispuso que el Ejecutivo presente un nuevo proyecto en un plazo de doce meses.
“Este Gobierno respetará la Constitución, no permitirá la privatización del agua”, afirmó Lasso durante el evento Encuentro Nacional por el Agua.
El Gobierno ha enfatizado en que la propuesta de Ley de Recursos Hídricos apunta a mejorar la calidad del agua para consumo humano, simplificar trámites para su uso y disminuir su contaminación.
Por ello, el proyecto que elaborará el Gobierno contemplará el cuidado de este recurso y la participación como los principales pilares: “Nuestra propuesta reconoce la necesidad de conservar el agua y también legitima el mandato constitucional de no privatizarla (…). ¡Basta de rumores y noticias falsas, que ya sabemos de dónde vienen!”.
El viceministro del Agua, Óscar Rojas, explicó que, para garantizar que el nuevo proyecto de ley no tenga los vacíos de participación social, se han planteado cuatro principios fundamentales: corresponsabilidad, representatividad, gobernabilidad y la garantía de derechos.
Explicó que el plan El Encuentro por el Agua se desarrollará en tres etapas. La primera será preparatoria, a través de la cual se levantará información, se establecerán las alianzas estratégicas y se convocará a todos los colectivos ciudadanos y actores sociales e institucionales vinculados. Un segundo momento consiste en la construcción participativa con talleres en 38 unidades a escala nacional, donde todos los usuarios, asociaciones y organizaciones sociales pueden aportar. Y una tercera etapa de sistematización, redacción y socialización del documento final que se entregará a la Asamblea Nacional en diciembre.
Para estas acciones, Lasso informó que se impulsa y apoya a los municipios para que aseguren su adecuada producción y distribución. Hasta finales del 2022, el BDE otorgará a los municipios créditos por $ 290 millones, para obras de agua potable y saneamiento, que beneficiarán a 2,6 millones de ecuatorianos”.
Acciones que se suman a lo detallado por el ministro Manrique, quien informó que se han viabilizado 71 proyectos de riego y drenaje por un monto de $ 42 millones, en beneficio de 350.000 familias a escala nacional; se han incrementado cinco nuevas áreas de protección hídrica en Pichincha, Tungurahua, Bolívar y Cotopaxi; y se han gestionado 58.000 trámites de agua de los 135.000 que estaban represados al inicio del Gobierno.
