La iniciativa 5272 –aprobada con 101 votos a favor, 51 ausentes y 8 en contra–, establece «la protección del derecho a la vida, la familia, la libertad de conciencia y expresión, la institución del matrimonio entre un hombre y una mujer, además del derecho de los padres a orientar a sus hijos en su sexualidad».
La ley contempla un aumento de las penas de prisión contra las mujeres que decidan abortar: si hasta ahora se establecían castigos de entre un año y tres años de cárcel, ahora las penas desde los cinco hasta los 25 años de prisión.
En otro de sus polémicos puntos, el documento prohíbe a las entidades educativas –ya sean públicas o privadas– todo aquello que signifique «promover en la niñez y adolescencia, políticas o programas relativos a la diversidad sexual y la ideología de género o enseñar como normales las conductas sexuales distintas a la heterosexualidad o que sean incompatibles con los aspectos biológicos y genéticos del ser humano».
