Tribunal Arbitral dictaminó que el Decreto Ejecutivo No. 662, del 4 de octubre de 2007, violó el Derecho Internacional Público en perjuicio de la petrolera Perenco.
Por ello, ordena al Estado ecuatoriano pagar en favor de Perenco $ 374.373.154,25, más intereses, luego de descontada la indemnización ambiental en favor del Ecuador. La pretensión original de Perenco ascendía a $ 1.420 millones.
El Gobierno de Ecuador informó que respetará y honrará sus compromisos internacionales, a pesar de cualquier discrepancia jurídica que haya sido expresada en el proceso. Se mantendrá contacto con la compañía para encontrar alternativas de solución.
Además anunció que solicitará a las autoridades competentes el inicio de las acciones de repetición contra los servidores y autoridades públicas responsables en 2009.
