Parte policial de los hechos ocurridos el 12 de octubre de 2019 en el interior de la Contraloría General del Estado, pericias con información digital y secuencia fotográfica en la que se observa la toma del edificio por parte de varias personas, entre las que se encontrarían los ahora procesados, versiones de agentes de Policía que narran los hechos registrados en las inmediaciones de CGE, entre otros, son los principales elementos de convicción que presentó la Fiscalía para pedir que se llame a juicio a 27 personas detenidas en octubre del 2019.
Durante tres días, en una audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, el fiscal general subrogante Wilson Toainga dio a conocer a la jueza penal de Pichincha, Ana Cristina Guerrón, los elementos que tenía y que usará contra todos los procesados para acusarlos de paralización de servicio público, destrucción de registros y sabotaje, delitos tipificados en los artículos 346, 347 y 345 del actual Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Pese al auto de llamamiento a juicio de todos los investigados emitido la noche del miércoles último, Ernesto Pazmiño, abogado de Lenín Y., Segundo P. y Danny F., insiste en que no hay en la instrucción fiscal evidencia de que se cometió el delito de destrucción de archivos y no hay certeza de ninguna participación delictiva de los acusados, sin embargo, dice, ‘la jueza torciendo la evidencia llama a juicio a 25 jóvenes indígenas’ los otros dos procesados llamados a juicio serían mestizos.
