La organización Acción Jurídica Popular presentó una acción de protección en contra de la fiscal General, Diana Salazar, por excluirlos “ilegal y arbitrariamente” de la investigación en contra del exministro de Salud, Juan Calor Zevallos.
Un Tribunal aceptó a trámite esta acción y deberá pronunciarse en los próximos días. Angélica Porras, parte de la organización, indicó que presentaron la denuncia por presunto delito de tráfico de influencias por las irregularidades en el plan de vacunación.
Señaló que su exclusión de la investigación viola su derecho a la defensa y a la seguridad jurídica. Además, mencionaron que la resolución de la Fiscal carece de motivación.
Días atrás, Porras cuestionó que esta acción de la Fiscalía, que ocurrió después del allanamiento en el Ministerio de Salud para conseguir la lista de beneficiarios de las vacunas contra el COVID-19, no permitiría la transparencia del proceso. “No podemos hacer ningún control, ni nosotros ni nadie sobre las actuaciones de la Fiscal”, indicó.
A la par, la organización presentó una denuncia por el supuesto delito de incumplimiento de orden de autoridad competente en contra del actual ministro de Salud, Mauro Falconí, por no entregar la información que una jueza ordenó hacerlo, dentro de una acción de acceso a la información pública.
Sobre este pedido de información, la propia Fiscalía realizó allanamientos porque maneja la teoría de que existiría ocultamiento de los datos y es incompleta la documentación entregada por Salud.
