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martes, junio 15, 2021

Parlamento de Ecuador exige destitución de autoridades por crisis carcelaria

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La Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador exigió este lunes al presidente del país, Lenin Moreno, que destituya al ministro de Gobierno, al jefe de prisiones y del sistema de rehabilitación, como responsables de la crisis carcelaria que se desató el pasado 23 de febrero y que dejó 79 reos muertos.

Con 84 votos a favor, uno en blanco y 34 abstenciones, el pleno de la Asamblea exigió la «destitución inmediata» del ministro de Gobierno (Interior), Patricio Pazmiño; del director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), Edmundo Moncayo; y de Johana Pesántez, presidenta del Organismo Técnico de Rehabilitación Social.

Los legisladores consideran que ellos tienen responsabilidad en los hechos ocurridos en cuatro cárceles del país y que a 79 reos asesinados y 19 heridos, por rencillas entre bandas rivales, según las autoridades.

Asimismo, el Parlamento exigió al Ejecutivo la «adopción inmediata de medidas que garanticen la prevención, mantenimiento, control y restablecimiento del orden y la seguridad de los centros de privación de libertad», precisó la Asamblea en un comunicado.

También demandó «una gestión y administración eficiente de los centros de privación de la libertad; el diseño y ejecución de procesos de rehabilitación y reinserción social de las personas privadas de libertad, que garanticen sus derechos».

El pleno del órgano legislativo además pidió al Ejecutivo que decrete un «estado de excepción» en las cárceles del país.

La resolución de la Asamblea, promovida por el legislador Rodrigo Collahuazo, anticipa también al inicio de un juicio político de censura contra los funcionarios, por un supuesto «incumplimiento de sus funciones en el marco de la seguridad ciudadana».

El pronunciamiento de la cámara exhorta a los organismos regionales de derechos humanos a que «vigilen y desarrollen acciones de monitoreo para que el Estado ecuatoriano garantice una investigación pronta e imparcial» de los hechos.

Asimismo, pide a esos organismos que brinden su «apoyo técnico para que el Gobierno nacional reconstruya políticas públicas que aborden los problemas estructurales del sistema penitenciario, que incluya enfrentar el hacinamiento, el abandono y la ausencia de respeto y garantía de los derechos humanos de la población carcelaria».

Finalmente, la resolución parlamentaria solicita al Gobierno que disponga al Ministerio de Economía la «entrega inmediata de los recursos económicos que permitan solventar la grave crisis del sistema de rehabilitación social, así como analice y agilice las solicitudes de indulto humanitario».

La resolución de la Asamblea se produjo tras la comparecencia de autoridades a la sesión virtual del pleno, donde fueron interrogados por la crisis carcelaria que conmocionó al país.

En su intervención, el ministro de Gobierno destacó el rol de la Policía en el control de las cárceles, pese a las limitaciones económicas y logísticas que afronta el Estado ecuatoriano.

«Como sociedad no encontramos la manera de superar la problemática de violencia, que rebasa la capacidad del Estado para su control», remarcó Pazmiño.

El comandante de la Policía, Patricio Carrillo, que también interino en la sesión del pleno, reclamó por una ley de «Inteligencia Nacional».

Actualmente, «no podemos realizar acciones de inteligencia dentro de los centros penitenciarios, porque debemos respetar las normas mínimas de Naciones Unidas para la Atención a los Reclusos, una de las cuales indica que la vigilancia no puede ser invasiva, sino a través de medios tecnológicos», opinó Carrillo en declaraciones reproducidas en el comunicado de la Asamblea.

De su lado, el director del SNAI dijo que mientras no mejoren las condiciones presupuestarias del país, poco se puede hacer para solucionar este tema que, según señaló, viene de mucho tiempo atrás. EFE

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