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jueves, mayo 6, 2021

Fiscalía realiza juicio contra presunta red de corrupción integrada por funcionarios judiciales

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Con la presentación de 23 testigos y más de 20 pruebas documentales, concluyó la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE) en este quinto día de audiencia de juzgamiento en el caso “El Rodeo”, instalada en la Unidad de Vigilancia Comunitaria de la Policía Nacional de Portoviejo.

La información proporcionada por los peritos y testigos, más la prueba documental ingresada por Fiscalía, sostuvieron la teoría del caso en torno a esta investigación, iniciada por los presuntos delitos de asociación ilícita y concusión, en concurso real de infracciones.

Los imputados como autores son tres jueces de Garantías Penales y Penitenciarias con jurisdicción en Portoviejo-Manabí y cuatro funcionarios del Servicio Nacional de Atención Integral a las Personas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI); y, como coautor, un abogado en libre ejercicio.

Alberto Santillán Molina, fiscal provincial de Pichincha, durante sus intervenciones, interrogatorios y contrainterrogatorios, llegó al mismo eje investigativo: que los ocho acusados se habrían asociado para exigir dinero (entre 300 y 5.000 dólares) y botellas de licor a los familiares de personas privadas de la libertad (PPL) de los Centros de Rehabilitación Social “El Rodeo” y “Bahía de Caraquez”.

El dinero era calificado como “ayudas” para tramitar y beneficiarse de garantías penitenciarias; sin embargo, cabe recalcar que estos son derechos a los cuales las PPL pueden acceder sin entregar dinero, siguiendo el trámite previsto en la normativa vigente.

Entre las pruebas medulares presentadas por Fiscalía están: el testimonio de un privado de libertad, en el que afirmó haber entregado más de 1.000 dólares para que uno de los procesados le ayude a tramitar su prelibertad, ya que había cumplido el 60% de su condena.

También, el testimonio del agente de la Unidad de Inteligencia Penitenciaria y oficial del caso, y del perito criminalístico. Ambos evidenciaron el mecanismo de cobro que se habría aplicado  a los familiares de los privados de libertad para «arreglar sus salidas de prisión».

La intervención de los testigos del SNAI se basó en el proceso de verificación del cumplimiento o no de requisitos de ley en 61 de 91 carpetas de privados de la libertad que habrían solicitado los beneficios penitenciarios, determinándose que faltaban: certificados psicológicos y de acogida familiar, el índice de proclividad delictógena, certificados de permanencia, judicializaciones sin el informe previo del SNAI, entre otros.

Finalizada la intervención de Fiscalía, la audiencia continuó con la presentación de la prueba anunciada previamente por los procesados. Dos de ellos ya rindieron sus testimonios, en los cuales negaron los hechos y la responsabilidad en los delitos por los que fueron llamados a juicio.

La audiencia se reinstalará hoy, 21 de noviembre de 2020, a las 09:00

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