Ejecutoriada la sentencia del caso Sobornos 2012-2016, el expresidente Rafael Correa solicitó que no se le quite la pensión vitalicia, cuyo pago de 4.226 dólares ya fue suspendido, pero la Procuraduría pidió al juez que lo rechace.
«La Ley Orgánica de Servicio Público prevé una excepción para el pago de pensiones vitalicias para ex presidentes y ex vicepresidentes de la República que hayan sido sentenciados, entre otros delitos, por cohecho (…) por tanto, sírvase negar el pedido del sentenciado Rafael Correa», instó la Procuraduría en un documento remitido al magistrado que lleva el caso.
Por otra parte, ya sin recursos en el ámbito ordinario, 18 de los 20 condenados presentaron acciones extraordinarias de protección, entre ellos Correa y el ex segundo mandatario, Jorge Glas. Mientras tanto, el juez Iván León ya ordenó que se envíe el expediente a la Corte Constitucional.
Además, dos sentenciados en este caso ya pagaron la reparación integral al Estado. Se trata de Alberto Hidalgo, de la empresa Hidalgo e Hidalgo, quien canceló 368.000 dólares que le correspondían, y Manuel Fontana, de Fopeca, que como autor del delito de cohecho pagó 778.000 dólares.
Un tercer empresario condenado, Ramiro Galarza, de Consermin, solicitó mediar con la Procuraduría para acordar una forma de pago.
