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jueves, abril 15, 2021

Juicio político contra Ministro Zevallos, plantea informe de Comisión del Derecho a la Salud

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La Comisión del Derecho a la Salud en su informe sobre la obtención irregular de los carnés de discapacidad recomienda tres juicios políticos y la investigación del asambleísta Fabricio Villamar. Este miércoles 30 de septiembre el documento será puesto a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional.

El informe plantea el enjuiciamiento político al ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, por incumplimiento de expresas disposiciones constitucionales relacionadas con los derechos de la salud, la obligación de entregar información requerida por la Asamblea, falta de acciones concretas de control y la aplicación de correctivos en la emisión de los carnés de discapacidad, publica diario El Universo.

Asimismo, se recomienda un juicio político en contra de la exministra de Salud Catalina Andramuño, también por incumplimiento de funciones en el control de la emisión de los carnés de discapacidad.

Y por último, también se pide enjuiciar al presidente del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (Conadis), Xavier Torres Correa, por incumplimiento de expresas disposiciones constitucionales constantes en el artículo 156, pues se determinó que tanto el Ministerio como el Conadis no pudieron eludir sus responsabilidades.

En el caso de Fabricio Villamar, la Comisión detectó irregularidades en la obtención de su carné de discapacidad y recomienda que el pleno resuelva sobre un proceso de investigación en este caso. Se desprende de la información remitida por el Servicio de Rentas Internas (SRI) y Senae, que Villamar haciendo uso de su carné de discapacidad realizó la importación de un vehículo y obtuvo beneficios tributarios.

Dentro de la investigación emprendida por la mesa legislativa, se recibieron testimonios y criterios tanto de las personas involucradas como de las diferentes entidades en el proceso de fiscalización en la obtención irregular de los certificados.

Este proceso de fiscalización que inició el 20 de julio de 2020, responde a la resolución del Pleno de la Asamblea de sesión de 14 de julio de 2020, por la cual se exige que se apliquen las sanciones máximas a las personas responsables de la red de corrupción instaurada en los centros de salud del Ministerio de Salud Pública que a la fecha se encuentran en procesos de investigación penal, servidores públicos quienes han usufructuado del otorgamiento del documento sin el cumplimiento de los requisitos que la ley determina.

Además, la Asamblea había solicitado a la comisión, que preside William Garzón, que investigara del otorgamiento de carnés entregados a los asambleístas y sus cónyuges, a partir de 2013, fecha en el que el Ministerio de Salud asumió la competencia, según la Ley Orgánica de Discapacidades.

En su comparencencia a la comisión, el Observatorio de la Ley de Discapacidad de Manabí, que se pronunció a través de su delegado Carlos Espinales Vélez, mostró preocupación por los actos de corrupción cometidos para la adquisición de los mismos.

Espinales aseveró que el problema no es de ahora y lamentó que los verdaderos beneficiarios tengan dificultad y demora en su adquisición mientras que otras lo obtienen de manera fácil y rápida, utilizándolos, incluso, hasta para participar en concursos de méritos y oposición, para ganar puntos. “Hay personas que aparecen con el 70% y 80% de discapacidad, solo por usar lentes”, apostilló.

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