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viernes, enero 22, 2021

Consejeros Verdesoto y Pita desconocían de amenazas de muerte, denunciada por el CNE

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Luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) ayer hiciera pública una denuncia sobre amenazas de muerte contra los cinco vocales, el consejero y vicepresidente del organismo, Luis Verdesoto y Enrique Pita, respectivamente, se pronunciaron este miércoles 30 de septiembre de 2020.

Mediante un comunicado, ambos afirmaron desconocer las amenazas de muerte a los consejeros electorales, recibidas en el correo electrónico institucional.

Además, calificaron como irresponsable al CNE por «guardar esa información» a los funcionarios. «Qué irresponsabilidad informarlo a la prensa y no directamente a los afectados», señalaron.

«Al respecto debemos informar al país que la presidenta del CNE, Diana Atamaint, en ningún momento se comunicó con nosotros ni con nuestros colaboradores para hacernos conocer de tales amenazas; así como tampoco lo han hecho las dependencias a cargo de la seguridad institucional, la empresa encargada de la seguridad de las instalaciones o las escoltas que acompañan a los consejeros de mayoría», dice el escrito.

Por último, Verdesoto y Pita dijeron que desconocen la denuncia particular presentada en la Fiscalía General del Estado.

El CNE denunció haber recibido amenazas de muerte contra sus máximas autoridades. En un mensaje en sus redes sociales, dijo que ha pedido a la Fiscalía investigar las amenazas contra la presidenta del organismo, Diana Atamaint; el vicepresidente, Enrique Pita, y los consejeros José Cabrera Zurita, Luis Verdesoto y Esthela Acero.

«Frente a las amenazas de muerte recibidas a través del correo electrónico institucional», en contra de dichas autoridades, «rechazamos categóricamente este tipo de actos cobardes que pretenden intimidar y, bajo amenaza, incidir en la toma de decisiones de las autoridades electorales en la fase de inscripción y calificación de candidaturas», añadió el CNE.

Además, aclaró su posición frente al proceso electoral de 2021 y aseguró que «nunca ha existido, ni existirá, intención alguna de favorecer o perjudicar a ningún partido o movimiento político, pues las decisiones de este cuerpo colegiado se rigen por la Constitución y el Código de la Democracia».

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