Trece expresidentes de América Latina expresaron su «preocupación» por la descalificación del partido Compromiso Social, identificado con el correísmo, de cara a las elecciones de 2021 en Ecuador, en una carta abierta difundida por el movimiento afín Revolución Ciudadana (RC).
«Expresamos nuestra honda preocupación por las decisiones adoptadas por las autoridades electorales ecuatorianas con el objetivo de proscribir a la agrupación política denominada ‘Revolución Ciudadana’, en la que participa el expresidente Rafael Correa, junto a destacados dirigentes políticos ecuatorianos», dice la misiva.
Firmada nominalmente por exmandatarios como Cristina Fernández (Argentina), Fernando Lugo (Paraguay), Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff (Brasil) o Ernesto Samper (Colombia), el texto difundido por RC trata de advertir sobre decisiones tomadas recientemente por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador.
Y menciona que «en los dos últimos años, le fue negada en tres ocasiones la autorización para obtener vida jurídica» al movimiento RC.
Los exmandatarios consideran que «lo más grave es que estas decisiones estatales violan lo expresamente contenido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas (art. 25 y 26), en la Convención Americana sobre Derechos Humanos de la OEA (art. 16 y 23) y en la Constitución de Ecuador (art. 11 y 95), que garantizan el derecho a la libre asociación, a la no discriminación y a la participación política de la ciudadanía».
Otros de los firmantes nominales, pues en el documento no aparecen sus firmas, son los expresidentes Evo Morales (Bolivia), Manuel Zelaya (Honduras), Álvaro Colom (Guatemala), Tabaré Vázquez y José Mújica (Uruguay), Martín Torrijos (Panamá), Salvador Sánchez Cerén (El Salvador) y Leonel Fernández (República Dominicana).
Además de ocho excancilleres, entre ellos, el chileno José Miguel Insulza, exsecretario general de la OEA, el brasileño Celso Amorin, y el uruguayo Rodolfo Nin Novoa.
Según el CNE, la eliminación de los cuatro se «realizó bajo estricto apego al Código de la Democracia, una vez cumplido el debido proceso de descargo y el derecho a la defensa por parte las organizaciones en mención».
