Registro de violadores para impedir contacto con menores, propuso Lourdes Cuesta

Crear un Registro Nacional de Violadores, Abusadores y Agresores Sexuales. Eso propone la asambleísta de CREO, Lourdes Cuesta, para impedir que los violadores de niños y adolescentes vuelvan a acercarse a las víctimas. Ella presentó un proyecto de ley sobre el tema con 10 artículos y 6 disposiciones. En diálogo con este medio, ratificó el apoyo del legislativo y espera que se apruebe antes del inicio de las clases del ciclo en la región Costa en el 2019.

Según la Dirección Política Criminal de la Fiscalía, entre 2014 y 2017 se reportaron 13.671 denuncias por abuso sexual, de ellas 3.575 fueron contra menores de edad. De estas cifras, en Ecuador apenas el 15% es denunciado y el 5% es sancionado, señala el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). Por eso, el objetivo de la iniciativa de Cuesta es contribuir en la prevención de los delitos sexuales contra niños y adolescentes, y asegurar un sistema que impida a los agresores relacionarse con ellos. El registro será creado y manejado por el Ministerio del Interior para lo cual tenderá la información de la Fiscalía, el Consejo de la Judicatura y el Ministerio de Justicia.

“Tendrá los nombres y datos de todos los condenados con sentencia ejecutoriada por cometer delitos de trata de personas, inseminación no consentida, estupro, acoso sexual, distribución de pornografía, violación, abuso, contacto con finalidad sexual, oferta de servicios sexuales con menores de 18 años, y corrupción de niños y adolescentes”, señala el proyecto. Esto significa que si una persona está en ese registro no podrá laborar nunca más ni en escuelas y colegios públicos y privados. La iniciativa, además, señala disposiciones para los jueces que sentencien a una persona por esos delitos. “Ordenará el ingreso al Registro Nacional del condenado, así como su inhabilitación de por vida para ejercer cualquier actividad pública o privada que implique mantener contacto con niños y adolescentes”. También los centros educativos están obligados a tomar medidas contra los abusadores y violadores sexuales. Toda institución pública o privada exigirá como requisito para la contratación de profesores o de otro personal la presentación del certificado de que no consta en el registro.

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