¿Le compete a la Asamblea autorizar posible enjuiciamiento político contra Rafael Correa?

Asambleístas reaccionaron ante la solicitud del fiscal general del Estado encargado Paúl Pérez, para que se vincule al expresidente de la República Rafael Correa en el proceso donde se investiga el supuesto secuestro del exasambleísta Fernando Balda, en agosto del 2012, en Bogotá.

Sin embargo la duda nace porque la jueza asignada de la causa, Daniela Camacho, señala en su escrito que será la Asamblea Nacional el organismo que deberá autorizar el “enjuiciamiento penal” de Correa, en base a los artículos 593 y 594 del Código Orgánico Integral Penal, a fin de garantizar el debido proceso, el derecho a la defensa y en garantía de los derechos de los procesados, a fin de que posteriormente no se alegue la falta de algún requisito de procedibilidad, en virtud del artículo 120 numeral 10 de la Constitución.

¿A qué se refiere el artículo 120?

“Autorizar con la votación de las dos terceras partes de sus integrantes, el enjuiciamiento penal de la Presidenta o Presidente o de la Vicepresidenta o Vicepresidente de la República, cuando la autoridad competente lo solicite fundadamente”.

Varios asambleístas afirman que esto no es necesario, ya que dichos artículos se aplican cuando la persona involucrada es funcionario público, y Correa ya dejó de serlo desde mayo del 2017.

“La Constitución es clara, el permiso para poder enjuiciar a los presidentes es cuando están en funciones actuales. Todos los ciudadanos deben enfrentar sus acciones independientemente del cargo que hayan ocupado. Este es un caso considerado un crimen de Estado, y Correa deberá defenderse como un ciudadano común”.

Por su parte la correísta Marcela Aguiñaga, afirmó que su posición es que el Pleno de la Asamblea debe conocer la autorización solicitada por la jueza Daniela Camacho: “Consideramos que el fuero de corte se mantiene por lo tanto el legislativo debe conocer el caso para dar la autorización, negarla o declararse incompetente; pero es el Pleno que debe tomar la decisión, y no solo la presidenta (Elizabeth Cabezas) como lo hizo a través de un comunicado que es una falta de cortesía a la autoridad judicial”.

El asambleísta Luis Fernando Torres, dio a conocer que si el caso se somete a votación en el Pleno, existe el riesgo de que no existan los votos suficientes porque “muchos de aquellos que hoy están en filas morenistas, podrían apartarse de la línea oficial, en el momento que tengan que pronunciarse y aliarse con sus antiguos compañeros del correísmo”.

 

La justicia ecuatoriana dio un plazo de 72 horas para que el Legislativo se pronuncie, cuyo plazo corrió desde la tarde del lunes. El Parlamento emitió un comunicado en el que se aseguró que estaba a la espera del “ingreso del pedido de la Corte Nacional de Justicia relacionado con la solicitud de vinculación de instrucción fiscal del economista Rafael Correa Delgado, para pronunciarnos”.

ANTECEDENTES 

Actualmente son procesados en esta causa los agentes de inteligencia Raúl Ch., Jessica F. y Jorge E., además del exdirector de inteligencia de la Policía, general Fausto Tamayo; y el exsecretario nacional de Inteligencia (Senain), Pablo Romero.

Según la acusación particular de este caso, es decir, Fernando Balda, todos los que hasta el momento han sido vinculados al caso son parte de mandos bajos y medios responsables de su secuestro, pero cree que la orden la emitió Correa, al que acusa de “autoría intelectual”.

Desde Bélgica, Correa negó el sábado anterior que haya enviado a Colombia al ex secretario nacional de Inteligencia Rommy Vallejo para perseguir y secuestrar a Balda.

Tras conocerse la solicitud del fiscal, el exmandatario reaccionó en su cuenta de Twitter: “El ‘lawfare’ en toda su extensión: Jamás podrán probar corrupción. Entonces, ahora tratan de vincularme, sin prueba alguna, en supuesto intento de secuestro en Colombia, ocurrido en 2012, contra un delincuente prófugo de la justicia. ¿Se imaginan el antecedente que están creando?”.

 

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