¿Cuánto le cuestan las autopsias al Estado ecuatoriano?

El domingo 8 de abril, Mariana, moradora del barrio Santo Domingo, en el Centro Histórico de Quito, dio la alerta al ECU-911, pues un hombre fue atropellado por una unidad del Trolebús. La ayuda llegó y el hombre fue trasladado a emergencia del hospital Eugenio Espejo, donde se constató su muerte. Posteriormente, el cuerpo de la víctima fue trasladado a los laboratorios de Medicina Forense, al norte de la ciudad, pues la causa de su deceso tenía que investigarse porque se detuvo al conductor.

Según Rosario Bautista, familiar del fallecido, el parte médico señalaba que su cuñado fue arrastrado por el bus y que por efecto de ello su columna se rompió.

Linda Mena, coordinadora técnica del Servicio Nacional de Medicina Legal, indicó que el 64% de fallecidos que ingresan a nivel nacional en los laboratorios forenses es por accidentes de tránsito, mientras el 29% corresponde a muerte natural. Para la funcionaria, los laboratorios forenses de Quito y Guayaquil son los que más cuerpos guardan.

“Un promedio de 169 cadáveres ingresan al mes en Guayaquil, mientras que en Quito el número bordea los 149. Estas cifras se registraron solo en marzo”.

Mena indicó que el Sistema Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses cuenta con 11 unidades especializadas en el país. “Los centros fueron transferidos de Fiscalía a Medicina Legal, contamos con recursos y personal para cubrir el trabajo investigativo”. Sin embargo, nunca es suficiente, pues se requiere reforzar las especialidades de toxicología forense, antropología y otras.

“Esto afecta las investigaciones cuando hay que trasladar muestras de una ciudad a otra, por falta de especialistas, lo que conlleva a que las pericias tomen más tiempo”, dijo la coordinadora técnica.

Cada autopsia tiene un valor distinto. Una intervención normal cuesta $ 129; cuando el proceso se practica en restos óseos el valor sube a $ 216. Si el cadáver requiere una investigación técnica, como una prueba de ADN, el precio se incrementa a $ 802. El servicio es gratuito para los ciudadanos; el Estado asume los costos.

Diario El Telégrafo 

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